Obras en el Estadio de Neiva tendrían que ser Demolidas

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La polémica remodelación del estadio de fútbol de Neiva, que le ha costado al tesoro público 23.527 millones de pesos, no podrá usarse. Las inversiones que se han ejecutado hasta el momento se perdieron y el estadio se volvió estructuralmente inviable.

Las obras ejecutadas no representan una efectiva adecuación, recuperación y rehabilitación. Tampoco cumplen con los estándares mínimos de seguridad requeridos por la norma NSR/10 para ser puesta en operación, según concluyó la Contraloría General de la República en un informe, conocido en primicia por LA NACIÓN.

Las obras ejecutadas según el dictamen fiscal, carecen de funcionalidad aun si se llegaran a terminar, no ofrece las mínimas garantías para su funcionamiento, no cumplen con las normas de seguridad y agravaron la vulnerabilidad del estadio. Lo más grave: la inversión efectuada representa un enorme daño al patrimonio público.

Las actividades y cantidades de obra en materia de reforzamiento estructural, contempladas en la propuesta (parte integral del contrato), no eran adecuadas ni suficientes para realizar el reforzamiento estructural de la tribuna occidental en los términos del estudio de sismo-resistencia que se presentó para el trámite de la licencia de construcción que igualmente se desconoció.

Este hecho, según el informe de auditoría conocido en exclusiva por LA NACIÓN “fincó las bases para un absoluto incumplimiento del objetivo general del proyecto en lo que respecta a la adecuación, rehabilitación y recuperación del Estadio Guillermo Plazas Alcid”.

Adicionalmente, el análisis efectuado por el equipo auditor evidenció que estos ítems en todo caso no fueron ejecutados por el consorcio, habiéndose encontrado que la totalidad de lo que alcanzó a ejecutarse del contrato corresponde a obras nuevas de ampliación y remodelación en la cancha, los camerinos y la construcción de los niveles cuarto, quinto, sexto y séptimo de la tribuna occidental.

“La edificación antigua quedó en las mismas condiciones de vulnerabilidad sísmica e inestabilidad estructural que la hacen inservible”, precisa el documento exclusivo reportado a las partes para su confrontación.

El equipo auditor de la gerencia regional, desde antes de la tragedia ocurrida en agosto pasado que dejó cuatro muertos y diez heridos, había advertido las falencias del polémico contrato ejecutado en un 92% según la Secretaría de Infraestructura.

OBJETO CENTRAL

Las obras civiles proyectadas necesariamente partían del reforzamiento y repotenciación de la edificación existente de manera previa a su intervención para la construcción de obras nuevas.

De hecho, en la fase precontractual se incluyó el reforzamiento estructural por valor de 2.153 millones de pesos, los cuales 1.732 millones de pesos se destinaron para la tribuna oriental y $420 millones para la tribuna occidental.

La licencia de construcción fue expedida por la Curaduría Primera para el “reforzamiento estructural, modificación y ampliación de la tribuna occidental”.

El curador aclaró en ese documento que “se deberán efectuar las demoliciones de tribuna norte y sur en especial la tribuna oriental, según lo determinado en los resultados de los estudios de vulnerabilidad sísmica presentados. Lo anterior implica que solamente es posible el reforzamiento estructural de la tribuna occidental y la ampliación de la misma”.

La Curaduría Primera de Neiva no autorizó la demolición de las tribunas norte, sur y oriental hasta tanto no se solicite simultáneamente la licencia urbanística de construcci6n de las mismas.

EL CONTRATO

El 24 de julio de 2014, el jefe de la Oficina de Contratación ordenó la apertura de la licitación, incluyendo como soporte el reforzamiento estructural reseñado igualmente en los estudios previos, ajustados por el director de Deportes de la Alcaldía de Neiva el 19 de noviembre de 2014.

Sin embargo-reportó la Contraloría- ni en el estudio inicial ni en el ajuste se hace expresa referencia a la necesidad imperante de reforzar la estructura existente de la tribuna occidental del estadio. Tampoco se definieron los mecanismos ni los criterios técnicos para realizar dicho reforzamiento ni los estudios de sismo-resistencia que fueron presentados a la Curaduría para el otorgamiento de la licencia de construcción dentro de los cuales se especifica el presupuesto incluyendo actividades y cantidades de obra requeridos para desarrollar esta tarea.

En la propuesta presentada por el contratista, que hace parte integral del contrato, el presupuesto de obra es exactamente idéntico al de los estudios previos y los pliegos de condiciones en cuanto a ítems de obra, cantidades y valores.

Sin embargo, en ninguna parte se hace referencia a las actividades contempladas para el cumplimiento del objeto del contrato con el reforzamiento estructural de la tribuna occidental “que resultaba a todas luces inexorable y necesario”, reseña el informe de auditoría.

PUNTO DE PARTIDA

Las obras se iniciaron el 29 de diciembre de 2014 con un plazo inicial de diez meses. Sin embargo, vencido el plazo las obras no se ejecutaron.

El 13 de octubre de 2015 el plazo fue ampliado por dos meses. El contrato se suspendió por nueve días y se reinició el 29 de diciembre de 2015, dos días antes de terminar el mandato del alcalde Pedro Hernán Suárez.

Según el informe, solamente se ejecutaron obras relacionadas con demoliciones y excavaciones, cimentaciones en las áreas de camerinos y estructura para la ampliación de la tribuna occidental; construcción de la nueva cancha; estructura en concreto reforzado para la ampliación de la tribuna occidental; obras de mampostería; instalación de la estructura de la cubierta para la tribuna occidental y fundición de la gradería de los niveles 6 y 7 de la tribuna occidental. En cambio no se ejecutó ninguna actividad de reforzamiento estructural en la misma tribuna, eje central del contrato.

GRAVE OMISIÓN

Las obras de reforzamiento estructural-origen del contrato-fueron descartadas, según los investigadores, por una “decisión arbitraria” de la firma contratista y la interventoría “aduciendo que dicha actividad sale muy costosa y que por ello es mejor dejarlas como están y hacer un mantenimiento con pintura, hecho que atenta directamente contra la integridad de los eventuales usuarios, pudiendo desencadenar una tragedia en caso de que esta obra fuera a ponerse en uso bajo esas condiciones”.

“La situación –aseguró- pone en evidencia el ejercicio de una gestión fiscal ineficiente y sobre todo negligente materializada en la celebración y ejecución del contrato de obra No. 1758 de 2014 en medio de un absoluto desconocimiento del proyecto que lo originó, violatorio de la licencia de construcción otorgada por el Curador Urbano Primero de Neiva, y manifiestamente opuesto a cualquier criterio de planeación en matera contractual”.

Esta omisión, agregó- “constituye un error insalvable el haber desconocido la imperativa necesidad de reforzar la estructura antigua de la tribuna occidental siendo esta necesaria e indispensable para que las obras construidas pudieran utilizarse, hecho que se traduce en la inversión de una significativa cantidad de recursos en un proyecto que no tiene forma de cumplirse, habida cuenta que se desconocieron aspectos neurálgicos del mismo, y se desfiguró el objetivo propuesto por el Municipio de Neiva y aprobado por el Ocad que se centraba principalmente en rehabilitar el estadio de futbol ‘Guillermo Plazas Alcid’ otorgándole las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad requeridos para su uso por parte de la ciudadanía”.

¿INMINENTE DEMOLICIÓN?

La conclusión es tajante: Al haber desconocido los lineamientos establecidos en el proyecto y la licencia de construcción, determinados en los estudios en los cuales ésta se apoyaba, los ítems de obra ejecutada con cargo al contrato No. 1758 de 2014 carecen de funcionalidad, incluso en el hipotético caso de terminarse la construcción de las secciones que quedaron inconclusas a raíz de la suspensión del contrato, toda vez que estas son complementarias de la estructura antigua y requiere de aquella para ser usadas; al no haber sido reforzada la tribuna occidental”.

“Todas las construcciones aledañas a ella carecen de viabilidad. De ahí que toda la inversión efectuada con cargo a este contrato materializa un enorme daño al patrimonio público”, reseña el organismo de control.

“Lo anterior genera una nueva obra ejecutada parcialmente sin acceso al uso y complementaria de una edificación antigua estructuralmente inviable que conforman una obra civil integral que no ofrece las mínimas garantías para su funcionamiento, contraviniendo, además, lo planeado en el proyecto y violentando los parámetros establecidos en la licencia de construcción, todo ello en medio de un actuar negligente e inoperante por parte del interventor del contrato 1758 de 2014”.

La Contraloría determinó provisionalmente un daño al patrimonio público en cuantía de 23.527 millones correspondiente al valor pagado según las actas parciales canceladas y los comprobantes de egreso.

La evaluación preliminar puede concluir con una observación con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en poder de la Contraloría General. Sin duda, el examen fiscal, abre un gran debate.

Fuente: LaNacion

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1 comentario

  1. Carlos dice

    Gravísima conclusión, Dios quiera que como muchas veces pasa en este país, luego la contraloría no salga a decir que no es tan grave, si como ya lo venimos diciendo desde octubre de 2016, esta obra es un elefante blanco, que no cumple desde sus estudios previos las condiciones mínimas de seguridad, calidad, estabilidad, funcionalidad y reforzamiento de un escenario primordial para nuestro pueblo. Ahora toca ser vigilantes de las acciones disciplinarias y penales a que hay lugar, además exigir que los corruptos desde Pedro suarez en adelante pagen lo gastado, los intereses de esos recursos mal invertidos y de las obras que ahora tendran que ser demolidas por no haber sido reforzadas y que por el contrario fueron deterioradas por las nuevas construcciones, también las indemnizaciones por los muertos. Además espero que las acciones legales debidas, no se queden en un juego de plazos o términos vencidos y que la contraloría, la fiscalía y la procuraduría hagan algo y castiguen ejemplarmente a los responsables.

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